El TS puede fijar libertad bajo fianza para los exconsellers encarcelados sin citarlos a declarar
El Tribunal Supremo puede poner en libertad bajo fianza a los 8 exconsellers catalanes encarcelados sin necesidad de citarlos a declarar nuevamente.
Tras asumir este viernes la causa contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el resto del Govern cesado, el instructor de la Sala Segunda del Supremo, Pablo Llarena, tendrá que valorar el futuro procesal de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa, encarcelados desde el pasado 2 de noviembre en prisiones madrileñas.
Las fuentes jurídicas consultadas destacan que el magistrado tendría 3 posibilidades a la hora de valorar su puesta en libertad bajo fianza: «Llamarlos a declarar, no citarlos a comparecer, o que los propios investigados soliciten su propia vista ante el magistrado del Tribunal Supremo». Ésta última posibilidad está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Lecrim, y es de obligatorio cumplimiento por parte del instructor de la causa.
Las mismas fuentes destacan que «el juez podría ponerlos en libertad bajo fianza sin necesidad de que volviesen a declarar porque ya lo hicieron en su día» ante la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. En este contexto, el magistrado Pablo Llarena podría excarcelarlos valorando la ausencia de «reiteración delictiva, destrucción de pruebas o riesgo de fuga». Para ello, se tendrán en cuenta «las diligencias ya practicadas en el proceso judicial».
Esta alternativa no haría necesaria por tanto la llamada ‘vía Forcadell’, según la cual, los miembros cesados de la Generalitat de Cataluña tendrían que expresar en una vista su renuncia a la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, y su acatamiento del Artículo 155 de la Constitución.
Los exconsellers han presentado recientemente sus recursos de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional. En muchos de estos escritos, los miembros cesados del Govern expresan a medias su acatamiento de la Constitución, con condicionamientos y objeciones.
Tras asumir el Supremo su causa, algunos de los exconsellers han renunciado a sus recursos de apelación, mientras otros «esperan una respuesta de la Audiencia Nacional o bien del Tribunal Supremo». Aún se está estudiando el futuro y la validez de dichos recursos.
Oriol Junqueras a su llegada a la Audiencia Nacional. (Foto: Francisco Toledo).Otra posibilidad de poner en libertad a los 8 exconsellers pasaría por la Fiscalía. El Ministerio Público tendría que cambiar su criterio fijado el pasado 2 de noviembre de prisión incondicional, instando a modificar las medidas cautelares impuestas hasta la fecha.
Mientras tanto, los 6 exconsellers hombres que se presentaron a declarar en la Audiencia Nacional permanecen encarcelados en la prisión madrileña de Estremera, mientras las 2 exconsellers mujeres se encuentran en la prisión femenina de Alcalá Meco. Por su parte, Carles Puigdemont y el resto de exconsellers permanecen en Bélgica a la espera de la resolución de la Orden Europea de Detención y Entrega, OEDE, por parte de las justicia de dicho país.
La ‘vía Forcadell’ o la ‘vía Barrufet’
El pasado 9 de noviembre el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ordenaba el ingreso en prisión bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, que al día siguiente abandonaba el centro penitenciario tras abonar la fianza.
El juez también decretaba la libertad con fianza de 25.000 euros para Lluís Maria Corominas (exvicepresidente primero de la Mesa), Lluís Guinó (exvicepresidente primero de la Mesa) y Anna Simó (exsecretaria primera de la Mesa), Ramona Barrufet (exsecretaria cuarta de la Mesa). Y por último, libertad provisional sin medidas cautelares para Joan Josep Nuet (exsecretario tercero de la Mesa).
En la vista celebrada ante Llarena en el Supremo, Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán acataron la Constitución española y renunciaron a la DUI a última hora, durante la vistilla cuando ya se había pronunciado la Fiscalía. Todos a excepción de Ramona Barrufet.
La exsecretaria cuarta de la Mesa fue la única que realmente expresó su renuncia firme a los planes independentistas unilaterales durante su declaración, antes de que la Fiscalía se pronunciara sobre la petición de medidas cautelares. El resto «se subió al carro» en su último turno de palabra ante el instructor, cuando el Ministerio Fiscal ya había solicitado su prisión incondicional.
Por ello, el Ministerio Público solicitó prisión incondicional para Forcadell y el resto de la Mesa, a excepción de Joan Josep Nuet, que votó en contra de la DUI, y de la citada Barrufet, para la que se pidió prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.